"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
CERMIS Autonómicos
Con presencia del CERMI CLM
Castilla-La Mancha aprueba por unanimidad la ley de discapacidad tras prometer Cospedal el 1% del PIB a estas políticas
Todas las medidas del Gobierno autonómico incorporarán un informe sobre su impacto en las personas con discapacidad
14/11/2014
Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la semana pasada por unanimidad la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad tras proponer la presidenta de la Junta, María Dolores de Cospedal, una enmienda transaccional "in voce" al final del debate que promete dedicar el 1% del PIB a partir de 2020 a políticas de discapacidad, como había solicitado el PSOE.
La intervención "in extremis" de Cospedal asumiendo la reivindicación del PSOE motivó que los socialistas retiraran sus enmiendas no transaccionadas y que la ley saliera adelante por unanimidad. La promesa de la presidenta matiza que ese 1% se contabilizará descontando la aportación del Estado en sus competencias exclusivas y siempre dentro del principio rector de "sostenibilidad financiera" que ha de guiar a todas las administraciones.
El portavoz del PSOE, José Luis Martínez Guijarro, celebró que el PP asumiera su reivindicación aunque fuera sólo por conseguir "una buena foto" y Cospedal que los socialistas entraran en razón y dieran su apoyo a una buena ley para el sector de la discapacidad en la región.
La ley establece que todas las medidas y actuaciones aprobadas por el Gobierno autonómico tendrán que incorporar un informe con el previsible impacto que tendrán en este colectivo.
Además, el texto decreta que las políticas de discapacidad tendrán un carácter transversal, de forma que todas las áreas de gobierno deberán contemplar sus directrices en sus actuaciones y que "en la delimitación de la asunción de competencias prevalecerá la condicion de persona sobre la discapacidad de la misma".
La norma se compromete a garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ofrecer una "respuesta adecuada a sus necesidades" y eliminar toda forma de discriminación hacia ellas. Las define como aquéllas que tengan acreditado un grado de discapacidad de al menos un 33%.
El debate
Como ponente del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales actuó el diputado del PP David Atienza, quien subrayó que muchas de las enmiendas del PSOE recogían alegaciones del CERMI al anteproyecto que ya fueron incluidas en el texto y ahora los populares han acogido otras cinco y transaccionado cinco más; incluso, dijo, el PP retiró una de las suyas por entender que una socialista era equivalente y más completa.
Además, enfatizó que la ley, aparte de reflejar la legislación básica estatal y las recomendaciones de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, incluye previsiones adicionales.
Entre ellas, los Servicios de Capacitación Profesional, los servicios de asistentes personales; beneficios fiscales en la cuota autonómica del IRPF a las personas con discapacidad y a quienes hagan donaciones a ONG que las atiendan, así como deducciones en las donaciones y sucesiones; criterios de contratación pública favorable a las empresas que empleen más personas con discapacidad, sensibilización a través de la televisión autonómica y estipulaciones de acceso a la vivienda.
Desde el PSOE, Beatriz Labián replicó que el PP había jugado al despiste y haberse negado al consenso con una "actitud hipócrita". Propuso que el apartado educativo de la ley incorpore la elaboración de un informe individual para los alumnos con necesidades especiales ante cada una de sus etapas escolares. Atienza ofreció una transacción y los socialistas, que inicialmente la rechazaron, la acabaron aceptando junto a la presentada "in voce" por Cospedal.
El PSOE retiró el resto de sus enmiendas. Una obligaba a reunir la Comisión Permanente de Políticas de Discapacidad cada vez que se elabore el mencionado informe de impacto sobre este colectivo. Otras reivindicaban cosas que a juicio del PP ya están incluidas en la ley estatal y la reserva de una cantidad económica obligatoria dentro de los presupuestos.
La ley aprobada supedita todos los servicios contemplados en el texto a la necesaria "sostenibilidad financiera". Por eso, Labián auguró que, aunque tenga buenas intenciones, no podría aplicarse por falta de presupuesto. Sin embargo, Atienza destacó que la memoria económica de la ley contempla 291 millones, más que la norma análoga de Castilla y León, comunidad que tiene un PIB superior. Ambos se enzarzaron en un rifirrafe sobre si la austeridad en las cuentas públicas era parte de la ideología popular o consecuencia de la política socialista.
"Formatos accesibles"
Además de detallar las previsiones de igualdad de oportunidades y accesibilidad en los ámbitos sanitario, educativo, laboral y deportivo, la ley prevé que la información pública se proporcione "en formatos accesibles a sus circunstancias personales", la formación de los profesionales públicos para atender las necesidades especiales, la prioridad de las personas con discapacidad que estén en situación de dependencia para el acceso a los recursos y servicios especializados y la reserva del 6% de los contratos a centros especiales de empleo.
Igualmente, prevé sanciones de hasta 30.000 euros para las infracciones leves de la ley, de hasata 90.000 para las infracciones graves y de hasta un millón de euros para las muy graves, como las vejaciones, el daño deliberado o el perjuicio económico intencionado a las personas con discapacidad.
Por último, la norma da 18 meses al Gobierno autonómico para elaborar la Estrategia Regional de igualdad de oportunidades para dichas personas y para aprobar el procedimiento de reconocimiento y acreditación de los animales de apoyo.
El consejero de Salud y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, intervino proclamando que hoy era un día muy señalado para Castilla-la Mancha, pues una comunidad se refleja en lo más elevado, que son sus leyes, y esta ley pasa del reconocimiento jurídico expreso al reconocimiento tangible y efectivo de las personas con discapacidad.
Aseguró que la ley se ha aprobado de común acuerdo con el sector, calificó de "único" el citado informe de impacto sobre este colectivo de todas los anteproyectos y planes del Gobierno manchego y auguró que "en ningún otro lugar de España se dará mejor respuesta" a las personas con discapacidad.
Cospedal
Cerró la sesión Cospedal, quien también calificó el día de "histórico", dijo que esta ley era un motivo de "orgullo" que pone a la comunidad "a la vanguardia" de España en la defensa efectiva de las personas con discapacidad.
Recordó que ella misma creó la citada Comisión de Políticas de Discapacidad en el seno de su Ejecutivo y asumió el compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y la igualdad de oportunidades.
Cospedal dio las gracias por su "lealtad" y "grandeza" en momentos de dificultades económicas a las entidades del sector que asistieron al Pleno que aprobó la ley, subrayando que a cualquiera le puede sobrevenir una discapacidad, por lo que legislar para ellas significa legislar para todos.
Y, ante las dudas económicas del PSOE, anunció al final la citada enmienda transaccional 'in voce' para destinar a las políticas de discapacidad a partir de 2020 el 1% del PIB de la comunidad, excluyendo las aportaciones del Estado para financiación de sus competencias exclusivas y ajustándose al principio de sostenibilidad financiera.
Tras la intervención de Cospedal, el presidente de las Cortes, Vicente Tirado, decretó un receso de 10 minutos para que el PP y el PSOE decidieran si transaccionaban la enmienda, cosa que finalmente sucedió.
